El día 22 de enero de 2026, aproximadamente a las 15:00 horas, la rutina en el Banco de la Nación ubicado en la Avenida Argentina N° 3039, en el centro comercial Minka, Callao, fue abruptamente interrumpida por un audaz asalto. Testigos describen una escena de caos y tensión, con individuos armados irrumpiendo en la entidad bancaria. La rápida respuesta de las autoridades fue crucial para contener la situación y evitar una tragedia mayor. Las primeras llamadas a la policía alertaron sobre la presencia de sujetos armados y la posible toma de rehenes, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad y el despliegue de unidades especializadas. La ubicación estratégica del banco, en una zona de alta afluencia comercial, complicó inicialmente las maniobras policiales, pero la coordinación y la experiencia de los agentes fueron determinantes para el éxito del operativo. Los detalles iniciales apuntaban a un grupo organizado y bien armado, lo que elevó el nivel de alerta y la necesidad de una intervención precisa y controlada. La colaboración de los empleados del banco y de los ciudadanos presentes en el lugar fue fundamental para proporcionar información valiosa a la policía y facilitar la identificación de los asaltantes. La incertidumbre y el temor se apoderaron de la zona mientras las autoridades trabajaban para asegurar el perímetro y neutralizar la amenaza.

La respuesta policial fue inmediata y coordinada. Unidades del Equipo 3 DEPASCRI 2 y la Comisaría Ramón Castilla se desplegaron rápidamente en la zona, estableciendo un cordón de seguridad y comenzando las negociaciones con los asaltantes. La prioridad era garantizar la seguridad de los rehenes y evitar el derramamiento de sangre. Los agentes, altamente capacitados en manejo de crisis y situaciones de alto riesgo, utilizaron tácticas de contención y persuasión para lograr la rendición de los delincuentes. La comunicación con los asaltantes fue un factor clave para entender sus motivaciones y establecer un canal de diálogo que permitiera una resolución pacífica. Mientras tanto, un equipo de francotiradores se posicionó estratégicamente para neutralizar cualquier amenaza inminente. La tensión era palpable en el ambiente, mientras los negociadores intentaban convencer a los asaltantes de que depusieran su actitud y se entregaran a las autoridades. La presencia de medios de comunicación y la curiosidad de los transeúntes dificultaron aún más la labor policial, pero la profesionalidad y la determinación de los agentes prevalecieron. Tras varios minutos de negociación, los asaltantes finalmente accedieron a rendirse, entregando sus armas y saliendo del banco con las manos en alto.

La detención de los cinco implicados se produjo en flagrancia delictiva, un factor que facilita el proceso judicial y garantiza una mayor celeridad en la investigación. Los detenidos fueron identificados como Carlos TADEI PINCHES ROJAS, de 18 años; JOSE JUNIOR FERNÁNDEZ FALLA, de 43 años; MARLON RODRIGO CHIROQUE INGA, de 36 años; DUGLAS RAMIREZ MORENO, de 25 años y de nacionalidad venezolana; y JOSE MIGUEL SANTILLAN MOGOLLÓN, también de nacionalidad venezolana. La presencia de ciudadanos extranjeros entre los asaltantes plantea interrogantes sobre la posible conexión con bandas criminales internacionales y la necesidad de reforzar los controles migratorios. La edad de los detenidos también llama la atención, con un rango que va desde los 18 hasta los 43 años, lo que sugiere la participación de individuos con diferentes roles y niveles de experiencia en actividades delictivas. Las autoridades han iniciado una exhaustiva investigación para determinar la participación de otros individuos en el asalto y para identificar a los posibles cómplices que pudieron haber colaborado en la planificación y ejecución del robo. La información recabada hasta el momento apunta a que el grupo criminal operaba en la zona desde hace algún tiempo, dedicándose a actividades ilícitas como el robo a mano armada y la extorsión.

Tras la detención, se procedió a la incautación de las armas y los vehículos utilizados en el asalto. Se confiscaron cuatro armas de fuego, cuyo origen y legalidad están siendo investigados. La tenencia ilegal de armas es un delito grave que agrava la situación legal de los detenidos y aumenta las penas que podrían recibir. Además, se recuperaron dos vehículos menores, presumiblemente utilizados para facilitar la fuga de los asaltantes tras el robo. Los vehículos fueron trasladados a la sede policial para ser sometidos a peritajes y determinar si fueron utilizados en otros actos delictivos. La policía también está investigando la procedencia del dinero robado y la posible existencia de cuentas bancarias o propiedades a nombre de los detenidos. La colaboración con las autoridades financieras y tributarias es fundamental para rastrear el destino de los fondos y desarticular la red económica que sustenta las actividades delictivas del grupo criminal. La información obtenida durante los interrogatorios a los detenidos será crucial para esclarecer todos los detalles del asalto y para identificar a los posibles cómplices que aún se encuentran prófugos.