Las investigaciones revelaron un modus operandi cruel y sistemático, donde los sentenciados, valiéndose de la reputación de la organización criminal El Tren de Aragua-Los Hijos de Dios, infundían temor en sus víctimas para mantenerlas bajo control. Esta táctica de intimidación era clave para evitar que las mujeres escaparan o denunciaran la situación a las autoridades. Durante el juicio, la fiscalía presentó un total de 65 pruebas, que incluían testimonios de las víctimas, documentos incautados y registros de comunicaciones, que sustentaron la acusación y demostraron la responsabilidad de los acusados en la comisión del delito. La contundencia de las pruebas fue determinante para que el tribunal dictara la sentencia condenatoria. Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las acciones de inteligencia y control para desarticular estas organizaciones criminales y proteger a las personas vulnerables.

Un tribunal de Arequipa ha emitido una sentencia ejemplar contra tres ciudadanos venezolanos, Yorber Daniel Peña Montero, José Miguel Pérez García y Carmen Yesenia Cahuana Castro, condenándolos a 22 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de explotación sexual. La condena se deriva de la explotación de seis mujeres extranjeras en la provincia de Caravelí. Este caso resalta la problemática de la trata de personas y la explotación sexual, especialmente en zonas alejadas de las grandes ciudades. La fiscalía especializada en delitos de trata de personas de Arequipa jugó un papel fundamental en la obtención de esta condena, presentando pruebas irrefutables que demostraron la culpabilidad de los acusados. La sentencia representa un golpe significativo contra las redes de explotación y un mensaje claro de que estos delitos no quedarán impunes en la región.

La investigación fiscal reveló que los sentenciados utilizaban una red de captación que operaba principalmente en Venezuela, donde reclutaban mujeres bajo falsas promesas de empleo y mejores condiciones de vida en Perú. A través de redes sociales y contactos personales, ofrecían empleos con altos ingresos económicos, con el objetivo de persuadir a las mujeres a abandonar sus hogares y viajar a Perú. Una vez en el país, las víctimas eran sometidas a una deuda impagable y obligadas a ejercer la prostitución para saldarla. Este esquema de explotación se basaba en la vulnerabilidad económica y social de las mujeres, quienes buscaban desesperadamente una oportunidad para mejorar sus vidas y apoyar a sus familias. Los explotadores se aprovechaban de esta situación para someterlas a condiciones de esclavitud y privarlas de su libertad.

Las víctimas eran trasladadas desde Venezuela con la ayuda de colaboradores que les proporcionaban alojamiento, comida y transporte hasta su llegada a Perú. Una vez en el país, eran recibidas por un supuesto integrante de la organización, conocido como 'padre', quien les informaba sobre la deuda contraída por el viaje, que podía ascender hasta los S/ 15 000. Para pagar esta deuda, las mujeres eran obligadas a trabajar en locales nocturnos o en la vía pública, donde eran explotadas sexualmente. Los explotadores ejercían un control absoluto sobre sus víctimas, vigilándolas constantemente y castigándolas con agresiones físicas o incrementando la deuda en caso de que intentaran escapar o no cumplieran con sus exigencias. El dinero obtenido por las mujeres era confiscado por los imputados, quienes se beneficiaban económicamente de su explotación. Este sistema de control y explotación era brutal y deshumanizante, y causaba un profundo daño físico y psicológico a las víctimas.

La operación que permitió desmantelar esta red de explotación sexual se llevó a cabo el 31 de agosto de 2023, cuando la policía intervino el local nocturno Restobar Dongo, ubicado en Acarí, Caravelí. Durante el operativo, se logró rescatar a seis mujeres, quienes se encontraban en condiciones deplorables y presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico. La intervención policial fue clave para poner fin a la situación de explotación y brindar a las víctimas la oportunidad de recuperar sus vidas. Tras el rescate, las mujeres recibieron atención médica y psicológica, y fueron puestas a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación. El caso generó una gran conmoción en la opinión pública y puso de manifiesto la necesidad de fortalecer la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que los tres condenados paguen una reparación civil de S/ 15,000.00 a cada una de las agraviadas, lo que suma un total de S/ 90,000.00. Esta compensación económica tiene como objetivo resarcir el daño causado a las víctimas y ayudarles a reconstruir sus vidas. Los sentenciados se encuentran actualmente recluidos en un penal desde el 31 de agosto de 2023, fecha en que fueron detenidos y enviados a prisión preventiva. La sentencia representa un importante precedente en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual en la región de Arequipa y un mensaje claro de que la justicia actuará con firmeza contra quienes cometan estos delitos. Es crucial que la sociedad en su conjunto se involucre en la prevención y denuncia de estos casos, para proteger a las personas más vulnerables y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.