La principal razón detrás de esta huelga es el rechazo a la creación de la Superintendencia Nacional de Infraestructura Penitenciaria (SUNIR). Los trabajadores del INPE argumentan que la SUNIR no aborda los problemas estructurales reales del sistema penitenciario peruano. Consideran que la creación de esta superintendencia no es una reforma, sino un retroceso grave e improvisado que pone en peligro el sistema penitenciario nacional. Temen que la SUNIR desmantele el INPE y lleve a la militarización y policialización del sistema, afectando el tratamiento penitenciario y las condiciones laborales de los empleados. Además, exigen mejoras salariales y laborales, así como mayor inversión en infraestructura y seguridad en los penales.

El SINTPE-INPE ha manifestado su preocupación por la falta de diálogo con el gobierno y la imposición de políticas que, según ellos, perjudican al sector. Denuncian la falta de transparencia en el proceso de creación de la SUNIR y la ausencia de estudios técnicos que avalen su necesidad y viabilidad. Los trabajadores exigen que se les consulte y se les permita participar en la toma de decisiones que afectan su trabajo y el futuro del sistema penitenciario. La huelga busca presionar al gobierno para que reconsidere la creación de la SUNIR y abra un espacio de diálogo para abordar las problemáticas del INPE de manera integral y efectiva, con la participación de todos los actores involucrados. Advierten que la huelga se mantendrá de manera indefinida hasta que se logren acuerdos satisfactorios.

Las demandas de los trabajadores del INPE se centran principalmente en tres puntos clave: Primero, la derogación de la SUNIR, argumentando que no soluciona los problemas de fondo del sistema penitenciario y que representa una amenaza para la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo. Segundo, el rechazo a la militarización y policialización del sistema, defendiendo un enfoque en la resocialización y el tratamiento penitenciario, en lugar de medidas represivas. Tercero, una mayor inversión en infraestructura y seguridad en los penales, así como mejoras salariales y laborales para los trabajadores del INPE, quienes consideran que sus condiciones actuales son precarias y no reflejan la importancia de su labor.

Además de estas demandas principales, los trabajadores del INPE también exigen mayor transparencia en la gestión del sistema penitenciario, una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, y el fortalecimiento de los programas de resocialización y reinserción social para los internos. Buscan que el gobierno tome en serio la situación del sistema penitenciario y que se implementen políticas públicas integrales y sostenibles que garanticen la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos humanos tanto de los trabajadores como de los internos. La huelga es una medida extrema, pero los trabajadores sienten que no tienen otra opción para hacer oír sus voces y defender sus derechos.