Según el reporte policial preliminar, el incidente habría ocurrido durante un patrullaje preventivo realizado por la DEPINCRI Huamachuco. Una miniván, al parecer, intentó evadir la intervención policial, desencadenando una persecución que se extendió por aproximadamente 400 metros. Tras lograr la detención del vehículo, los agentes procedieron a realizar el registro correspondiente, hallando en su interior, aparentemente, 30 artefactos explosivos, 100 detonadores y cinco teléfonos celulares. Se presume que el material incautado podría estar relacionado con actividades de minería ilegal en la zona, aunque esta información aún se encuentra en proceso de confirmación. La autoridad competente determinará responsabilidades.

La posesión y transporte de material explosivo sin la autorización correspondiente constituyen un delito grave, tipificado en la legislación peruana. La intervención en Quiruvilca pone de manifiesto la importancia de los operativos policiales en la lucha contra la minería ilegal y otras actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad y el medio ambiente. Las investigaciones, al parecer, se centrarán en determinar el origen y destino del material explosivo, así como la posible vinculación de los intervenidos con organizaciones criminales. La participación de menores en este tipo de actividades es particularmente preocupante y amerita una atención especial por parte de las autoridades.

Los intervenidos, incluyendo los menores de edad, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones de ley. El caso ha sido remitido al Ministerio Público, que será el encargado de determinar las responsabilidades penales correspondientes. Se espera que la Fiscalía realice las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar si existen otros implicados en este caso. La situación legal de los menores será evaluada por la Fiscalía de Familia, que determinará las medidas de protección y atención que requieran.

Es importante recordar que, de acuerdo con la legislación peruana, toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo. La presunción de inocencia es un principio fundamental del debido proceso y debe ser respetada en todo momento. La autoridad competente determinará las responsabilidades. Las investigaciones preliminares continúan para determinar la procedencia y el uso que se le daría al material confiscado. Se están realizando las pericias correspondientes a los equipos de comunicación decomisados para extraer información relevante para la investigación.