El principal objetivo del Decreto Legislativo 1735 es la creación e implementación de un Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos. Según el texto del decreto, esta iniciativa busca optimizar la investigación, el procesamiento y las sanciones penales asociadas a estos crímenes. Además, el DL 1735 busca dotar de operatividad a las medidas extraordinarias establecidas en la Ley N° 32490, que se enfoca en combatir la extorsión y el sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías. La norma establece como finalidad, promover la celeridad y efectividad de las actuaciones de los operadores de justicia, fortaleciendo sus capacidades y garantizando el respeto de los derechos de todas las partes involucradas.

Según el marco legal, el DL 1735 se sustenta en la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado frente a la extorsión, considerada una amenaza a la seguridad ciudadana y al desarrollo económico. Se espera que este subsistema especializado permita una mejor coordinación entre las instituciones encargadas de la investigación y persecución de estos delitos, así como una mayor eficacia en la protección de las víctimas. Las autoridades competentes determinarán la correcta aplicación y los resultados del decreto en los próximos meses. Al parecer, la implementación de este subsistema implicará la designación de fiscales y jueces especializados, así como la creación de unidades policiales dedicadas exclusivamente a la investigación de casos de extorsión.

El Decreto Legislativo 1735 no solo crea el subsistema, sino que también busca darle operatividad a las medidas extraordinarias contempladas en la Ley N° 32490. Estas medidas, al parecer, incluyen el establecimiento de protocolos de seguridad para las empresas de transporte, la implementación de sistemas de denuncia anónima y el fortalecimiento de la colaboración entre el sector público y el privado para prevenir la extorsión. Aparentemente, se busca atacar el problema desde diferentes frentes, tanto en la investigación y sanción de los delitos como en la prevención y protección de las potenciales víctimas. La autoridad competente determinará la eficacia de estas medidas a mediano y largo plazo.

Es importante destacar que el DL 1735, aparentemente, busca asegurar el respeto irrestricto de los derechos y garantías de las partes procesales. Esto implica que, si bien se busca agilizar y fortalecer la lucha contra la extorsión, se deben garantizar los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Se debe recordar que las investigaciones están en curso y la autoridad competente determinará las responsabilidades penales. Al parecer, se ha puesto especial énfasis en la protección de las víctimas, ofreciéndoles mecanismos de apoyo y asistencia legal y psicológica.