Cientos de ronderos de comunidades campesinas, presuntamente motivados por la falta de respuesta a sus denuncias ante las autoridades judiciales, habrían tomado las oficinas del Ministerio Público y el Poder Judicial en Sihuas. Según reportes preliminares, la protesta derivó en la quema de expedientes. La indignación de los manifestantes estaría relacionada con presuntos delitos de asesinatos, violaciones sexuales a menores y actos de corrupción que, según sus denuncias, no habrían sido debidamente atendidos por los fiscales y jueces de la zona. Se presume que los ronderos esperaban mayor celeridad en la investigación y sanción de los presuntos responsables. La situación escaló rápidamente, generando tensión en la localidad.

De acuerdo con testimonios recabados por medios locales, los ronderos de Ragash y San Juan de Chullin habrían expresado su frustración por la presunta falta de diligencia de las autoridades judiciales. Los manifestantes alegan que sus reclamos de justicia no habrían sido atendidos, generando un sentimiento de burla y abandono. Esta situación habría provocado que se dirigieran a la comisaría local en busca de los magistrados, buscando, presuntamente, sancionarlos por su inacción. La Policía Nacional del Perú, según información preliminar, intervino para intentar controlar la situación y evitar mayores incidentes.

Tras varias horas de tensión y presuntos enfrentamientos, la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de efectivos de otras comisarías, logró controlar la situación en Sihuas. Según fuentes policiales, se están evaluando los daños ocasionados a las instalaciones de la fiscalía y el poder judicial, especialmente en lo que respecta a la pérdida de expedientes. La magnitud de los daños aún no ha sido cuantificada, pero se presume que la quema de documentos podría afectar el curso de diversas investigaciones en curso. Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades por los presuntos delitos cometidos durante la protesta.

Las investigaciones se encuentran en curso y no existe sentencia firme. Toda persona es considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario conforme a ley. Las autoridades competentes determinarán las responsabilidades en este caso. Se recomienda cautela al difundir información sobre este caso, respetando el principio de presunción de inocencia y evitando juicios anticipados.