La jornada electoral implica un despliegue estratégico de efectivos de la PNP y las FF.AA. a lo largo y ancho del país. Al parecer, muchos agentes son asignados a locales de votación distantes de su lugar de residencia y, por ende, de su local de votación. Esto, sumado a la rigurosidad del servicio, aparentemente dificulta o imposibilita que puedan ejercer su derecho al voto. Un efectivo asignado a un distrito alejado, podría no tener tiempo suficiente para trasladarse a su local de votación y cumplir con su deber de seguridad ciudadana.

Según testimonios recopilados, algunos agentes señalan que «cuidan los votos de todos, pero el suyo se queda en el aire». Esta situación, aparentemente, se repite elección tras elección, generando frustración entre los miembros de las fuerzas del orden que no pueden participar en la elección de sus representantes. Se investiga si existen mecanismos que permitan a estos efectivos ejercer su derecho al voto sin descuidar sus funciones. La ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) no se ha pronunciado al respecto.

A pesar de las millonarias inversiones que el Estado realiza en la formación de oficiales a través de posgrados, maestrías y diplomados en gestión estratégica, el comando institucional continúa aplicando planes de operaciones que ignoran el derecho fundamental al voto de sus subordinados. En lugar de aprovechar este capital intelectual para diseñar soluciones tecnológicas o algoritmos de despliegue que crucen la ubicación de los locales de votación con los puntos de servicio, se opta por una distribución mecánica y arcaica. El resultado es un desperdicio de talento gerencial donde la capacidad de planificación brilla por su ausencia, priorizando únicamente la cobertura de puestos sin considerar el bienestar ni la ciudadanía del personal.

Esta falta de un análisis técnico profundo se traduce en un despliegue ineficiente que obliga a los efectivos a desplazarse a zonas críticas diametralmente opuestas a sus domicilios, como ocurriría en un traslado forzado de Puente Piedra a Lurín. Mientras el discurso oficial resalta la modernización y la capacitación de alto nivel, la realidad operativa revela una gestión que se desentiende de la logística básica y del respeto a la participación democrática del uniforme. Es una contradicción institucional que, contando con personal capacitado para optimizar procesos complejos, el comando se limite a gestionar el servicio electoral bajo la inercia, dejando el derecho al sufragio del policía como un sacrificio aceptable ante una planificación deficiente.

La Constitución Política del Perú consagra el derecho al sufragio como un derecho fundamental y un deber ciudadano. Sin embargo, al parecer, no se contemplan disposiciones específicas para garantizar el ejercicio de este derecho para aquellos que, por la naturaleza de su trabajo, como los miembros de la PNP y las FF.AA., se encuentran desplegados en labores de seguridad durante la jornada electoral. Se investiga si la legislación actual presenta vacíos legales que impiden a estos ciudadanos ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones. Expertos en derecho electoral señalan que se debe encontrar un equilibrio entre el deber de garantizar la seguridad y el derecho fundamental al sufragio.

Al parecer, existen propuestas para implementar mecanismos que faciliten el voto de los miembros de las fuerzas del orden desplegados en elecciones, como el voto electrónico no presencial o la habilitación de mesas de votación especiales en los centros de operaciones. La autoridad competente determinará si estas propuestas son viables y compatibles con el marco legal vigente. Se ha solicitado información a la ONPE sobre las medidas que se podrían implementar en el futuro.