El Gobierno peruano, liderado por la presidenta Dina Boluarte, ha dado un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado y la crisis penitenciaria con la firma de un convenio interinstitucional para la construcción del nuevo penal El Frontón. Este proyecto, que involucra a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensa, representa una inversión estratégica en la modernización del sistema penitenciario y un mensaje claro a las organizaciones criminales que operan dentro y fuera de las cárceles. La ceremonia de firma, celebrada en Palacio de Gobierno, contó con la presencia de altos funcionarios del Estado, incluyendo al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, lo que subraya la importancia y la prioridad que el gobierno otorga a esta iniciativa. La construcción del penal El Frontón no solo busca aliviar la sobrepoblación en los centros penitenciarios existentes, sino también implementar un modelo de seguridad y control que impida la reorganización y operación de las mafias desde el interior de las prisiones, un problema que ha socavado la seguridad y el bienestar de la sociedad peruana durante años.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, ha sido un impulsor clave de esta iniciativa, destacando la urgencia de abordar la crisis penitenciaria y la necesidad de implementar medidas concretas para combatir el crimen organizado. Santiváñez enfatizó que el penal El Frontón es solo el comienzo de una serie de acciones que se implementarán progresivamente para fortalecer el sistema penitenciario y garantizar la seguridad ciudadana. El proyecto contempla la construcción de una infraestructura de última generación, equipada con sistemas de bloqueo de comunicaciones, vigilancia electrónica integral y áreas especialmente diseñadas para el aislamiento total de internos de alta peligrosidad. Estas características buscan crear un penal blindado frente a las actividades ilícitas que históricamente han proliferado en las cárceles peruanas, como el sicariato, la extorsión, el narcotráfico y el terrorismo. La inversión en tecnología y diseño de seguridad representa un cambio de paradigma en la gestión penitenciaria, buscando no solo castigar a los delincuentes, sino también impedir que continúen operando desde prisión.

El proyecto del nuevo penal El Frontón se distingue por su enfoque en la tecnología de punta y el diseño de seguridad integral. La implementación de sistemas de bloqueo de comunicaciones es fundamental para impedir que los internos de alta peligrosidad continúen dirigiendo operaciones criminales desde el interior de la cárcel. La vigilancia electrónica integral, que incluye cámaras de seguridad de alta resolución, sensores de movimiento y sistemas de reconocimiento facial, permitirá un monitoreo constante y exhaustivo de todas las áreas del penal, minimizando los riesgos de fuga y garantizando el cumplimiento de las normas penitenciarias. Además, el diseño del penal contempla áreas especialmente diseñadas para el aislamiento total de internos de alta peligrosidad, lo que permitirá separarlos del resto de la población carcelaria y evitar que influyan en otros reclusos o coordinen actividades ilícitas. Estas medidas de seguridad, combinadas con una gestión penitenciaria rigurosa y profesional, buscan transformar el penal El Frontón en un modelo de seguridad y control que pueda ser replicado en otros centros penitenciarios del país.

La construcción de una infraestructura de última generación implica una inversión considerable en tecnología, materiales y personal especializado. El gobierno peruano ha previsto el presupuesto correspondiente para garantizar que el penal El Frontón cuente con los recursos necesarios para operar de manera eficiente y segura. Además de la inversión en infraestructura física, se destinarán recursos al fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que es la institución encargada de la administración y gestión de los centros penitenciarios en el país. El fortalecimiento del INPE incluye la capacitación del personal penitenciario, la mejora de los sistemas de gestión y la implementación de programas de reinserción social para los internos. El objetivo es transformar el sistema penitenciario en una herramienta eficaz para la prevención del delito y la rehabilitación de los delincuentes, contribuyendo así a la seguridad y el bienestar de la sociedad peruana.

La construcción del penal El Frontón no es una acción aislada, sino parte de una estrategia integral para modernizar el sistema penitenciario peruano. Esta estrategia incluye la construcción y continuación de otros establecimientos penitenciarios ya iniciados, así como el fortalecimiento del INPE. El gobierno peruano reconoce que la modernización del sistema penitenciario es fundamental para combatir el crimen organizado, garantizar la seguridad ciudadana y promover la reinserción social de los delincuentes. La inversión en infraestructura, tecnología, capacitación y programas de reinserción social es esencial para transformar el sistema penitenciario en una herramienta eficaz para la prevención del delito y la rehabilitación de los delincuentes. El gobierno peruano está comprometido a trabajar en colaboración con otras instituciones del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional para lograr este objetivo.

El ministro Santiváñez enfatizó que el convenio firmado demuestra la capacidad del Estado peruano para trabajar en conjunto y coordinar esfuerzos en beneficio de la seguridad ciudadana. Subrayó que existe una coordinación interinstitucional que garantiza, en el menor tiempo posible, la construcción e inauguración de este penal, así como de otros establecimientos. La coordinación interinstitucional es fundamental para garantizar la eficiencia y la eficacia de la estrategia de modernización del sistema penitenciario. El gobierno peruano está comprometido a fortalecer la colaboración entre los diferentes ministerios, instituciones y organismos del Estado para lograr este objetivo. Además, el gobierno peruano está abierto a la colaboración con la sociedad civil y la comunidad internacional para compartir experiencias, conocimientos y recursos en la lucha contra el crimen organizado y la modernización del sistema penitenciario.