El juez Walter Leoncio Muñoz Gutiérrez, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, dictó siete meses de prisión preventiva contra los suboficiales Rollin Stone Muñoz Vásquez y Erik Wilser Muñoz Cotrina. Al parecer, la medida se tomó tras una investigación que los vincula con la exigencia de dinero a un ciudadano a cambio de anular una papeleta de tránsito. La decisión se basa en el cumplimiento de los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal, según información oficial.

Según la información judicial, existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los suboficiales con el presunto acto ilícito. La eventual condena superaría los cinco años de pena privativa de libertad efectiva, y se habría acreditado peligro procesal. El magistrado habría enfatizado la gravedad del caso, dada la condición de los investigados como miembros de la Policía Nacional, quienes aparentemente habrían utilizado la autoridad que el Estado les confirió para beneficio propio. La autoridad competente determinará responsabilidades en este caso.

La tesis fiscal sostiene que uno de los efectivos impuso una papeleta por infracción M08 a un ciudadano y, al parecer, le insinuó que podía «arreglar» la sanción. En presunta coordinación con su colega, habrían exigido la suma de S/ 500 para anular la multa. Estos hechos se encuentran bajo investigación, y la presunción de inocencia de los investigados debe ser respetada hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo.

La entrega del dinero habría sido organizada bajo control del Ministerio Público y personal especializado. Se utilizaron billetes previamente fotocopiados e impregnados con reactivo químico. Tras la intervención, el dinero incautado al parecer coincidía plenamente con el previamente registrado, lo que permitió la detención inmediata de los agentes y el inicio formal del proceso penal. Es importante señalar que esta información es preliminar y está sujeta a confirmación por parte de las autoridades competentes.

Este caso pone de manifiesto, una vez más, los desafíos que enfrenta la Policía Nacional en materia de corrupción. La presunta conducta de los suboficiales no solo implicaría una infracción penal, sino también una traición directa al mandato de servicio y legalidad que sustenta la autoridad policial. La confianza ciudadana en la institución se ve directamente afectada por este tipo de incidentes, según analistas.

Las autoridades competentes deberán llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Es fundamental que se garantice el debido proceso y se respeten los derechos de todas las partes involucradas. La lucha contra la corrupción en las fuerzas del orden es un pilar fundamental para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad ciudadana.